Durante años, las niñeras, las cuidadoras a domicilio, las encargadas de limpieza y otras personas que trabajan en entornos domésticos han salido a la calle y a las casas y oficinas de los concejales para exigir derechos básicos como la protección contra la discriminación y la explotación en el trabajo. A principios del año pasado, la concejala plurinominal Elissa Silverman (At-Large) se comprometió a presentar una Declaración de derechos de las empleadas domésticas de D.C. En diciembre, cuando las empleadas domésticas y los defensores le reclamaron su promesa, Silverman dijo a través de correo electrónico que su comité de trabajo estaba preparando el proyecto de ley para presentarlo el siguiente año. Ayer, la concejala cumplió su promesa. 

Silverman anunció la Ley de Enmienda de los Derechos Laborales de las Empleadas Domésticas de 2022, durante una conferencia de prensa el martes, fuera del edificio John A. Wilson. La concejala Christina Henderson, la concejala Janeese Lewis George, del Distrito 4; y el concejal Charles Allen, del Distrito 6, quien a pesar de encontrarse afónico, también se dirigieron a una multitud de miembros extasiados y portadores de carteles del Capítulo de D.C. de la Alianza Nacional de Empleadas Domésticas. Con otros cinco copresentadores, el proyecto de ley cuenta con suficiente apoyo inicial para ser aprobado por el Concejo en pleno.

El proyecto de ley exigiría que cualquier persona del distrito que contratara a una empleada doméstica por más de cinco horas al mes tendría que proporcionarle un contrato por escrito que estableciera las normas de las horas de trabajo, la remuneración y las responsabilidades. Antonia Surco, quien lleva 18 años trabajando como niñera y cuidando ancianos en el Distrito, le comentó a City Paper que cuando llegó de Perú en 2004 le pagaban $20 por un día completo de trabajo. No se dio cuenta, hasta un tiempo después, que ella y otras empleadas domésticas que cobraban incluso menos estaban siendo explotadas.

No es raro que los empleadores se aprovechen de los inmigrantes recién llegados, sobre todo de los que carecen de documentación. Los acuerdos verbales están sujetos a cambios en cualquier momento y no están controlados por la legislación laboral, lo cual deja a las empleadas domésticas sujetas al robo de sus salarios y a la acumulación de responsabilidades para las que nunca dieron su consentimiento. Sucel Mérida dice que ha oído de empleadores de empleadas domésticas que les piden que se queden más tiempo del pactado, sin remuneración.

Los empleadores de Surco le han pedido de repente que cocine, limpie y lave la ropa… tareas totalmente ajenas a su función de niñera, mientras los niños duermen. Esas peticiones llegan sin remuneración adicional y, si ella no las rechazara, la pondrían a ella y a los niños en peligro, nos dice. Centrarse en otras tareas podría significar que bien podría no darse cuenta si, en mitad de la noche, algo le ocurre a algún menor bajo su cuidado.

Altagracia Kubinyi dice que cuando llegó al Distrito en 2020 creía que este tipo de explotación solo ocurría en lugares similares a su país de origen, República Dominicana, donde algún tiempo viajó en autobús hasta la ciudad para trabajar largas jornadas, solo para que su empleador le pagara con una sola comida. 

“Cuando llegué y me encontré con esta realidad, que no tenemos garantías básicas de empleo ni protecciones en Washington, la sede del poder político en este país, no podía creerlo”, dice Kubinyi.  

Ella ha escuchado historias de horror de otros trabajadores dedicados al cuidado de menores sobre empleadores que contratan a alguien para que les siga en secreto en el trabajo durante días. Kubinyi tiene la suerte de trabajar para una familia que la trata bien, dice. Pero todavía no ha conseguido un contrato de trabajo, lo que le provoca momentos incómodos cuando tiene que recordarles a sus empleadores los beneficios acordados verbalmente, como las vacaciones pagadas y el tiempo libre por los días feriados federales.

“Se siente como si los empleadores nos hicieran un gran favor, en vez de simplemente cumplir los acuerdos”, dice Kubinyi. “Como si estuviéramos a merced de su compasión en lugar de tener que respetar los acuerdos que hemos realizado”. 

El proyecto de ley también revertiría la exclusión de las empleadas domésticas en dos leyes laborales fundamentales: la Ley de Derechos Humanos del Distrito de Columbia, que protege contra la discriminación en el lugar de trabajo, y la Ley de Seguridad y Salud Laboral, que aplicaría las disposiciones de seguridad en el lugar de trabajo. Se calcula que las 9,000 empleadas domésticas del Distrito, en su mayoría mujeres de raza negra y marrón, han sido excluidas de las protecciones laborales federales y locales, un legado de la esclavitud en Estados Unidos afirma Silverman.

Este proyecto de ley también responsabilizaría a la ciudad de la divulgación a la comunidad y de la educación y orientación del público en torno a los derechos de las empleadas domésticas, así como del suministro de modelos de acuerdos.

Mérida, quien ya tenía una amplia experiencia en el cuidado de niños antes de emigrar al Distrito desde Guatemala, obtuvo su acreditación de Asociada en Desarrollo Infantil en D.C. hace años y se ha informado en materia de derechos de las trabajadoras domésticas. Pero dice que este no es el caso de muchas. Imparte un curso sobre derechos de las empleadas domésticas a través de la NDWA y suele ser la persona a la que acuden sus círculos de trabajadoras en el cuidado de menores para preguntarle sobre derechos y recursos. Este proyecto de ley, si se aprueba, trasladaría parte de esa responsabilidad a la ciudad y a quienes contraten empleadas domésticas en D.C.